España ha perdido catorce posiciones en el ranking de desarrollo de e-Gobierno publicado por la ONU. La nuestra es la economía que más cae, pasando del puesto 9 en 2010; al 23 en 2012. No obstante, la Administración General del Estado ha puesto a disposición del ciudadano y de la empresa más de 2.600 procedimientos y servicios públicos por internet.

Imagen de la presentación del informe de la AEC, con Manuel Pimentel en el centro

En un contexto de políticas de ajustes como al que se enfrentan las AAPP en la actualidad para cumplir con el objetivo de reducción de déficit,la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) propone una profunda reforma con el fin de ofrecer un servicio más eficiente, reducir el tamaño y ser más transparente con el destino del gasto público. Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación del “Informe de Administraciones Públicas 2012. De los recortes a la reforma: una Administración para el ciudadano y las empresas de siglo XXI”.

Para lograrlo, la Asociación propone un cambio de modelo estratégico con un sector público profesionalizado en el que el ciudadano y la empresa sean tratados como cliente y se recupere la figura del directivo público. Sería deseable que el funcionario esté sujeto a políticas de gestión de trabajadores con un sistema que asegure su desarrollo y carrera profesional, evaluaciones de los puestos de trabajo y políticas de retribución ligadas al desempeño. La eficiencia, la racionalización y la transparencia del gasto público deben ser prioritarios y contar con indicadores de medición para analizar el retorno de las inversiones y establecer objetivos y prioridades objetivamente.

Para que se produzca este cambio en las AAPP, es necesario abordar un proceso deracionalización del sector público, buscando una mayor coordinación entre los niveles de gobierno, teniendo en cuenta que existe un modelo descentralizado. Además, es necesario huir de una visión cortoplacista y de las decisiones relacionadas con el horizonte legislativo. Deben existir medidas a corto plazo, pero con vistas a potenciar reformas a medio y largo plazo, lo que significa que los recortes deben ir acompañados de una orientación y planificación estratégica.

Otras mejoras que propone la AEC son erradicar el exceso de burocracia, la racionalización de los procesos, incluir mediciones e indicadores, establecer Centros de Servicios Compartidos, aumentar la e-Administración, el uso de cloud computing y que ciertas actividades no esenciales y proceso no críticos se presten a través de outsourcing, externalización selectiva, en ámbitos como las tecnologías de la información, los recursos humanos o la gestión financiera.

La innovación no es una opción

Para Manuel Pimentel, presidente de la AEC, “la innovación no es una opción, es algo que la sociedad exige y necesita para poder mejorar la productividad de la economía y ser competitivos y son las empresas de consultoría las que desempeñan un papel clave en la necesidad de innovación de la sociedad”.

La patronal de las consultoras propone como ejemplo de mejores prácticas un uso eficiente de la tecnología y que las AAPP pongan a disposición del ciudadano un Portal Único, ya que aunque se aprecia un aumento del uso de los canales online en el uso de los servicios públicos, continúan siendo las empresas las que mejor aprovechan estos servicios, no el ciudadano.

En este sentido, resultará decisivo fomentar el uso de los canales electrónicos para lograr una administración más eficiente, erradicar el exceso de papeleo y burocracia y, consecuentemente, reducir el coste de los servicios prestados por la AAPP. Se ha detectado que el uso de los canales electrónicos puede suponer un ahorro de hasta un 93%, por ejemplo, en la presentación de una solicitud. El coste para la administración de este trámite de forma presencial es de 80 euros, mientras que si se realiza de forma online el coste desciende hasta los 5 euros, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El 90% de los españoles prefiere la realización de los trámites de forma presencial. Aunque el porcentaje de satisfacción de los usuarios de canales electrónicos es muy alto (un 80% de los consultados se declarara estar muy o bastante satisfecho) es necesario trabajar en un cambio cultural que invite a los ciudadanos a relacionarse con la Administración Pública a través del canal electrónico.

Es primordial hacer un gran esfuerzo en comunicación para que los ciudadanos sean conscientes de los cambios que han de abordarse, conozcan los logros y los beneficios del uso de los canales online y el importante ahorro que representan tanto para la Administración como para el propio ciudadano en materia de desplazamiento u optimización del tiempo, por poner un ejemplo.

Asegurar la vuelta al crecimiento

España debería reducir un 30% (15.000 M€) para 2012 las cargas administrativas, un 5% más que la media de la Unión Europea. Mientras que en Europa el coste de estas cargas es de un 3,5% del PIB, en España la cifra aumenta hasta el 4,6% del PIB lo que significa que el país debe ahorrar más en menos tiempo.

Aunque los recortes sean necesarios, hay que adoptar políticas y estrategias a corto, medio y largo plazo, siendo la inversión selectiva fundamental para asegurar la vuelta al crecimiento. En este sentido, se impone la utilización de indicadores y de herramientas para analizar el retorno de las inversiones y establecer objetivos y prioridades objetivamente.

Más colaboración público-privada

Las AAPP cuentan con fondos limitados y un creciente aumento de necesidad de financiación. Para abordar esta transformación, las organizaciones públicas deben dar mayor entrada a mecanismos de colaboración que favorezcan la entrada de nuevas fuentes de financiación para la prestación de servicios a menor coste, por ejemplo, a través de joint ventures, alianzas estratégicas y de la colaboración público-privada.

El modelo de colaboración público-privada, aunque incipiente en España y usado principalmente en el campo de las infraestructuras, está ya muy asumido en países del entorno europeo, especialmente en los países anglosajones. “Para que el modelo de colaboración Pública Privada pueda ser utilizado en toda su amplitud es necesario crear un marco regulatorio que salvaguarde los intereses públicos y establezca marcos claros y estables para asegurar una relación de largo plazo, la igualdad de condiciones para todos los proveedores y la adecuada retribución en de las inversiones en función de los riesgos transferidos”, concluye Pimentel.