La firma de investigación de fraude empresarial y económico en entornos virtuales, Cybex, con el apoyo financiero de la Comisión Europea, han puesto en marcha la primera Certificación Europea sobre Cibercriminalidad y Pruebas Electrónicas (ECCE). El objetivo no es otro que crear un programa académico estandarizado en 11 países europeos y tres sudamericanos para formar a nivel técnico a jueces, abogados y fiscales en cibercrimen y prueba electrónica.

“En los tribunales cada vez se presentan más pruebas electrónicas y los actores que van a trabajar con ellas deben tener unos conocimientos técnicos importantes. El ánimo de este proyecto es promover la cooperación judicial en Europa y fortalecer un auténtico espacio europeo de Justicia basado en el reconocimiento y la confianza mutuos”, ha asegurado Fredesvinda Insa, directora de la iniciativa ECCE.

Este proyecto que cuenta con una inversión inicial de 600.000 euros, un 30 por ciento de los cuales han sido aportado por Cybex y otro 70 por ciento por la Comisión Europea, tendrá una duración de tres años y estará soportado en tres tipos de actividades: un programa que ha sido diseñado por expertos académicos, profesionales de la justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado; 14 seminarios que tendrán una duración de cuatro días y serán impartidos en 14 países diferentes; y la creación del primer Fondo Documental sobre prueba electrónica y lucha contra el cibercrimen.

“El primer curso se ofrecerá en febrero de 2009 en París y supondrá el lanzamiento de esta iniciativa que esperamos tenga su continuidad en el tiempo, ya que se han establecido los primeros contactos con Naciones Unidas para dar al proyecto carácter internacional. Asimismo, deseamos que al nivel básico, el que comenzaremos a impartir el próximo mes, le sigan el intermedio y el avanzado. Con todo esto, pretendemos que todos los jueces, fiscales y abogados de Europa entiendan las utilidades de la prueba electrónica y cuenten con conocimientos sólidos sobre cómo combatir el cibercrimen”, ha indicado Insa.

Por su parte, Alfonso San Román, miembro de la coordinación de la delincuencia informática en Madrid, ha explicado: “Como fiscal que soy, el proyecto me parece de lo más acertado. Hoy en día, todos somos usuarios de las nuevas tecnologías, pero un juez o fiscal que tenga que enfrentarse a un delito informático, debe poder ir más allá. Saber lo que está detrás de un ordenador, cómo se transmite información a Internet… De ese modo obtendrá la prueba electrónica de la forma más fiable posible, generando así confianza en el jurado que tiene que valorarla”.