Ya es la quinta edición del ‘Foro de las evidencias electrónicas’ que se celebra en Madrid y una concurrida audiencia ha dejado patente el creciente interés del mundo judicial por no quedarse atrás ante los retos tecnológicos que se plantean.

Antonio Garrigues Walker, presidente de este foro, entiende que han coincidido en el tiempo cuatro revoluciones: la tecnológica, la científica, la cultural y la ética, “que generan una sensación de complejidad e incertidumbre y ahí es donde tiene que intervenir la sociedad pública y civil”. En este sentido, para Garrigues es muy importante que “el estamento político se dé cuenta de que se generan nuevos lenguajes y nuevos peligros” que ponen en conflicto el derecho a la privacidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Un reto éste, sin duda, que el estamento jurídico debe asumir.

Por su parte, el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha reconocido que el Derecho va por detrás y no le resulta fácil aprender para afrontar una deseada conciliación entre la tutela jurídica efectiva y el derecho a la intimidad. “Los programas peer-to-peer plantean riesgos que tienen que ver con la trivialización que de estos problemas ha hecho la sociedad”, sostiene Rallo, que a través de la AEPD impulsará recomendaciones para que los poderes Ejecutivo y Legislativo aborden iniciativas para resolver este conflicto con rango de ley.

La validez de conocer la dirección IP y la autorización necesaria para averiguarla en determinadas operaciones policiales plantea serias dudas sobre el derecho a la intimidad, pero de momento es el único elemento factible para combatir la ciberdelincuencia, aclara Rallo.

En este sentido, el siguiente escalón sería disponer de una prueba electrónica, “que cada vez es más necesaria para evitar el anonimato en la delincuencia a través de Internet”, explica el socio de Garrigues, José María Anguiano, que ha lanzado una pregunta al foro “¿Saben los jueces cuando unos emails aportados como prueba están o no falsificados? Para los ‘techies’ es una cosa muy fácil de hacer”. Asimismo, entre los retos inmediatos que debe abordar la justicia están la firma electrónica, “que no es firmar un documento, sino una transferencia”, certificar la validez de la prueba electrónica, así como acabar con la unilateralidad de la misma, en palabras de Anguiano.