El presidente de Redtel (Asociación de Operadoras de Telecomunicaciones), Miguel Canalejo, ha destacado que el Proyecto de Ley, tramitado por la vía de urgencia y que cierra su periodo de enmiendas el 16 de junio, crea figuras tributarias que penalizan directamente a las operadoras de telecomunicaciones, gravándolas con una nueva tasa que supondrá el destinar un 0,9 por ciento de sus ingresos a financiar la televisión pública. Con ello, y a pesar de operar en un mercado completamente distinto, las compañías de telecomunicaciones soportarían una nueva carga fiscal de uso 230 millones de euros anuales y “acabarían financiando más del 50 por ciento de la televisión pública”, vía nuevos cánones digitales o tasas sobre el uso del espectro radioeléctrico. 

Un proyecto incoherente con el discurso sobre la SI

Redtel y Asimelec están en contra del proyecto de financiación de RTVE

Miguel Canalejo ha señalado la irresponsabilidad política de gravar con nuevas cargas a un sector netamente inversor en un contexto de crisis económica y hacerlo justificándolo por el beneficio derivado de la desaparición de la publicidad en RTVE, cuando los operadores de comunicaciones no se pueden beneficiar del reparto de esa publicidad en otros medios porque no perciben ingresos de publicidad por la prestación de sus servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a Internet. En opinión de Redtel la arbitrariedad de la medida se hace más patente si se considera que la mencionada aportación del 0,9 por ciento equivale a toda la actividad de los operadores en los servicios audiovisuales que suministran.

En opinión del presidente de Redtel, la aprobación del Proyecto de Ley pondría de manifiesto una absoluta incoherencia entre las decisiones políticas y el discurso de apoyo a las Sociedad de la Información y la Economía del Conocimiento como base de un nuevo modelo de crecimiento y de mejora de la competitividad española.

Tanto el Consejo de Estado como la CMT han señalado los graves defectos legales de ese Proyecto de Ley y, en caso de que se mantuvieran los incumplimientos de la normativa comunitaria y española en el texto y llegara a aprobarse, las compañías afectadas solicitarán su anulación ante las instancias jurídicas correspondientes. De hecho, Redtel ya ha advertido en este sentido a la Comisión Europea.

Aparte de deficiencias legales, Redtel subraya que la tasa se ha creado sin consultar a las empresas de telecomunicaciones, que resultan directamente penalizadas; y sin evaluar las consecuencias para el sector tal y como han señalado los informes de la CMT y del Consejo de Estado, que no se han tenido en cuenta. 

No mezclar temas 

En relación con otros temas, igualmente claves para el correcto desarrollo del sector de las telecomunicaciones y fundamentales para el impulso de la Sociedad de la Información como son el establecer un marco de actuación y evolución para los contenidos en red o el denominado ‘dividendo digital’; es decir, la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que quedará liberado con el uso de la televisión digital tras el apagón de la analógica, y que será asignado a las telco para servicios de banda ancha en movilidad a partir de 2015, Canalejo ha reclamado que no se mezclen los temas.

“Es muy importante dar una solución a los contenidos en red con un marco legal que frene la piratería con medidas de advertencia y educación, más que sancionadoras o tecnológicas de muy compleja aplicación como las que reducen la velocidad de descarga, así como que lo antes posible se asignen a las operadoras esa banda de frecuencias de los 790 a los 892 MHz, sin las que el sector no puede competir con el resto de Europa: medidas que hay que aplaudir y que es legítimo el reclamar pero que no tienen nada que ver con un impuesto para financiar a Televisión Española”.

“Las operadoras asociadas en Redtel -Telefónica, Vodafone, Orange y Ono- son piezas clave en el desarrollo de la SI y la nueva economía. Los crecimientos futuros van a estar basados en las TIC y en las infraestructuras que desplegamos y esto es algo que queremos que se nos reconozca no sólo en los discursos, sino de verdad y cuando se van a aprobar impuestos tan arbitrarios. Tenemos fe en el futuro, a pesar de estos temas del presente que nos preocupan”, ha asegurado Canalejo. 

Asimelec, también en contra del proyecto

En similares términos a los de Redtel se ha manifestado Asimelec, Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica.  

En una carta remitida a los grupos parlamentarios, Asimelec también les ha solicitado la paralización del Proyecto deLey de Financiación de RTVE y muestra su oposición al aumento de presión fiscal para el sector de las Telecomunicaciones, así como el uso de los ingresos fiscales procedentes de las comunicaciones electrónicas para subvencionar al sector audiovisual. “El sector de las Telecomunicaciones no se beneficia de la retirada de la publicidad en RTVE, tal como se asegura, equivocadamente, en el texto de este proyecto de Ley”, apunta Asimelec en su carta.

Además, la patronal que agrupa a las empresas del macro sector TIC español, considera de dudosa legalidad la figura de esta nueva tasa en el vigente Derecho de las Telecomunicaciones, tanto español como europeo y critica que el Gobierno no haya considerado tampoco las advertencias del Consejo de Estado y de la CMT, ni consultado a los sectores implicados.

En sintonía con Redtel, también aboga Asimelec por abrir un proceso de debate transparente con todos los agentes locales y coincide en calificar de “injusto penalizar a un sector que contribuye al desarrollo de nuestra economía y crea riqueza, un sector privado, que está invirtiendo en las nuevas infraestructuras de red, que son el motor del desarrollo de la Sociedad de la Información en España”, como expresa su presidente, Martín Pérez.