El Real Decreto 330/2016, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, publicado el pasado 15 de septiembre es, según AOTEC, “un paso esperado y muy necesario” en la medida que comienza a desarrollar la Ley General de Telecomunicaciones, “un camino que urge culminar”.

Para la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones, el procedimiento establecido despeja posibles dudas que pudieran tener los titulares de infraestructuras públicas, en especial los ayuntamientos, a la hora de conceder autorizaciones, por lo que confía en que contribuya a acelerar los despliegues.

“Aporta transparencia, establece mecanismos de resolución de conflictos e impulsa el uso de infraestructuras ya existentes para instalar la banda ancha, minimizando así las obras necesarias y por tanto, las molestias a la ciudadanía”, afirma la asociación.

La nueva normativa se centra en los procedimientos y plazos para conceder las autorizaciones para utilizar desde canalizaciones de electricidad o el alumbrado público, pasando por canalizaciones de agua o gas, hasta las infraestructuras de transporte (ferrocarril, carreteras o puertos) y las redes de telecomunicaciones públicas. También aborda los permisos para la realización de aquellas nuevas obras civiles que sean necesarias y las vías de resolución de conflictos en cada caso.

El operador local suele establecerse en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y, por lo general, centra su actividad en un municipio, donde pretende permanecer de forma estable “indefinidamente y prestando el mejor servicio posible de telefonía, Internet y contenidos televisivos”.

Para realizar un despliegue ágil y eficiente es de “vital importancia” un buen entendimiento con las autoridades y la nueva normativa desgrana las “reglas del juego” a la hora de utilizar infraestructuras disponibles, con lo que confían en que sirva para evitar dilaciones innecesarias y malos entendidos.

Una de las claves de este real decreto es la trasparencia, al obligar a los titulares de las infraestructuras públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso al propio Estado y sus organismos autónomos) a publicar en sus respectivas páginas web “toda la información relativa a las condiciones y procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados”.

Dicha información online tendrá que estar accesible, como máximo, 6 meses después de la publicación del Real Decreto; es decir, el próximo 15 de marzo. A su vez, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI) establecerá un punto único de información web de permisos y licencias.

Plazos y conflictos

La nueva normativa establece plazos de contestación por parte de las administraciones, dando un horizonte temporal de referencia al operador, cosa que a juicio de AOTEC es “positiva” aunque los plazos “son largos, y el tiempo de respuesta podría haberse modulado en función del tamaño del municipio”.

Desde AOTEC también se valora que se haya establecido un organismo encargado de dirimir aquellas cuestiones en las que exista un conflicto, que en este caso será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El que se haya contemplado este mecanismo de resolución de conflictos en numerosas partes del real decreto es un claro indicio de que “el Ministerio es consciente de que en los procesos surgen discrepancias que es necesario solventar”. En una reciente reunión los responsables de la CNMC han asegurado que tratarán de actuar con celeridad y que su intención es, siempre que sea posible, no agotar los plazos de respuesta.

Desarrollo pendiente

Sin embargo, los operadores locales consideran “imprescindible y urgente” que se continúe con el desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones, en especial en lo que respecta a los planes de despliegue y la declaración responsable.

Los planes de despliegue son instrumentos pensados para que los titulares del dominio público conozcan en profundidad las actuaciones previstas por los operadores y puedan agilizar la posterior concesión de licencias y permisos, además de ejercer su labor de coordinación con otras actuaciones públicas.

Para que los operadores puedan hacer uso de esta herramienta administrativa con todas las garantías, es necesario que se lleve a cabo un desarrollo reglamentario que establezca sus condiciones. También es necesario regular la declaración responsable, que hace posible acelerar el inicio de la actividad.

Estas y otras cuestiones quedan al margen de la regulación aprobada y constituyen importantes escollos para el operador local allí donde no encuentra una interlocución fluida.

“En España existen ayuntamientos comprometidos con la implantación de redes que permiten a sus localidades situarse en el siglo XXI y a sus empresas salir a Internet. Estos han sido ágiles a la hora de ofrecer información, han facilitado el uso de infraestructuras existentes sin necesidad de un desarrollo normativo, y han estado dispuestos a dialogar para resolver cualquier cuestión que pueda surgir”, explica el presidente de AOTEC, Servando Sánchez Calero.

Sin embargo, en aquellos casos en los que, por desconocimiento o falta de formación, los consistorios no ven los despliegues de redes de nueva generación como algo necesario, es “imprescindible” contar con una regulación “completa y pormenorizada” en materia de telecomunicaciones que establezca los pasos que debe seguir la Administración.

Por ello, AOTEC insta al Ejecutivo que “convierta el desarrollo de la legislación en una prioridad, porque estamos ya en tiempo de descuento para desplegar redes de fibra si queremos alcanzar el objetivo establecido en la Agenda Digital de tener toda España con conexión de alta capacidad en el año 2020”. Más información en www.aotec.net