En este contexto, la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007, de 22 de junio de 2007), va a contribuir a impulsar la Administración Electrónica en las diferentes Comunidades Autónomas. Esta Ley confiere una serie de derechos a los ciudadanos y a las empresas en su interacción con la Administración central, autonómica y local, obligando a desarrollar, implantar y habilitar un conjunto de servicios para atender a una amplia diversidad de requerimientos, como son principalmente los siguientes: disponibilidad 24x7, universalidad (para todos los ciudadanos, allí donde se encuentren), calidad (posibilidad de conocer en todo momento el estado de tramitación de sus procedimientos), o eficiencia (simplificación de los procedimientos y de sus trámites, no aportando documentos o datos que ya obran en poder de la Administración).

La AAPP interconectada

Los esfuerzos que se están realizando desde las distintas Comunidades Autónomas en Administración Electrónica están alineados con los que se están realizando en Europa.

Europa continúa experimentando un gran progreso en el desarrollo de los servicios online dirigidos a los ciudadanos y a las empresas, a fin de conseguir los objetivos de Lisboa y del Plan i2010 eGovernment: ‘Desarrollo de una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo’.

Las distintas Administraciones están trabajando en el diseño de servicios centrados en el ciudadano, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

• La seguridad de la información
• La reducción de la carga administrativa
• El acceso multicanal de los servicios
• El cumplimiento de los estándares de accesibilidad

Sobre el papel, los propósitos de esta Ley son muy loables, pero las vías para llegar a conseguirlo y la consistencia de los pilares sobre los que se va a construir estos servicios plantean serias dudas al ciudadano, que observa en su día a día como a las AAPP les queda mucho por hacer para evitar colas y formar parte de un mundo Web 2.0.

En este sentido, Jordi Aracil, director de Sector Público de SAP España, considera que “la Ley 11/2007 si bien está impulsando la incorporación de los servicios públicos a través de Internet, desde nuestro punto de vista todavía no está consiguiendo en muchos casos ser la palanca de transformación de la Administración que le permita, a través la incorporación de las TI, dotarse de plataformas de gestión necesarias que faciliten la transparencia y la eficiencia operativa, aspecto éste, cada vez más necesario en ciclos de inestabilidad económica como el actual”.

La materialización de la Ley permitirá “presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública. Igualmente, el ciudadano debe poder encontrar información en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal que le sean ofrecidos”, explica José Ángel Cortijo, director de Sector Público en Sun Microsystems Ibérica, que alerta de que es, precisamente, “en ese último punto donde aún queda mucho por hacer”.

Desde Sun abogan por que las Administraciones opten por herramientas tecnológicas que sirvan para impulsar la comunicación interna en la administración y que los servicios al ciudadano sean realmente multicanal, con especial énfasis en las nuevas vías que suponen la TDT, los teléfonos y otros dispositivos móviles. Para ello, Cortijo considera esencial el impulso de “iniciativas de desarrollo compartido con las administraciones sobre estándares abiertos, colaborando en la creación de una plataforma de servicios comunes y compartidos mediante arquitecturas SOA, y en una política de gestión de identidades adecuadas con mecanismos de seguridad avanzados. En todos estos contextos, nuestra apuesta máxima pasa por la innovación a través de modelos de virtualización”.